El Gobierno saliente de Castilla-La Mancha admite que destruye papeles personales y niega que sean «oficiales»
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| Jose María Barreda |
Pese a los desmentidos del Gobierno en funciones de Castilla-La Mancha, la deuda que podría mantener solo en facturas hospitalarias podría superar los 500 millones de euros, según han asegurado a ABC proveedores afectados. Por ejemplo, la factura pendiente de pago en el hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina con sus diversos proveedores es de 33 millones de euros, según las mismas fuentes, que argumentan que si con este hospital, de una dimensión media, mantiene un débito tan alto, el cálculo no puede ser mucho menor en el resto de hospitales de la región, algunos de los cuales —Toledo, Ciudad Real o Albacete—, generan un alto gasto a las arcas públicas.
Castilla-La Mancha tiene cinco grandes hospitales, uno por cada capital de provincia, a los que se unen el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y los de Talavera, Almansa, Puertollano, Villarrobledo, Tomelloso y Alcázar de San Juan; doce en total. Haciendo una estimación en el conjunto de centros hospitalarios y estableciendo en 40 millones aproximadamente la media de la deuda correspondiente a cada uno, la factura total superaría los 480 millones de euros. Ello, sin contar con lo que se debe en Atención Primaria, Bienestar Social, Obras Públicas...
Ayer, la consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, reconocía una deuda a proveedores de 700 millones de euros y un déficit de 640 millones de euros al cierre del mes de abril pasado. Sin embargo, las fuentes consultadas argumentan que lo dicho por Araújo no se ajusta a la realidad, ya que la titular de Economía del Gobierno de José María Barreda ofrece cifras correspondientes exclusivamente a facturas computadas, «pero existen miles y miles de ellas sin computar» en la Administración regional.
Por ejemplo, hay una clínica privada con la que el Servicio de Salud regional (Sescam) concierta la gestión de la lista de espera que genera la Ley de Garantías, y a la que la Administración regional debe un millón de euros desde hace más de un año. En este caso, tan solo están computadas las facturas desde enero a abril de 2010, unos 250.000 euros; el resto, hasta hoy, es débito reconocido sin computar en Tesorería. Como viene manteniendo el PP en los últimos días, si la consejera reconoce la existencia de una cuarta parte de la deuda real, los cálculos globales apuntan a un total superior a los 2.000 millones, cifra estimada por el secretario regional del PP, Vicente Tirado. Sus polémicas declaraciones de días atrás han dado paso a una auténtica guerra de cifras en la que ayer terció el vicepresidente primero del Gobierno y candidato a las primarias del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien afirmó que María Dolores de Cospedal intenta «justificar» los recortes sociales que va a realizar a base de «excusas».
Rubalcaba, contra el PP
«Si quieren recortar que lo digan claramente», señaló Rubalcaba, para quien esta estrategia no es exclusiva del PP de Castilla-La Mancha, sino que puede aplicarse al partido a nivel nacional, empezando por Mariano Rajoy. Rubalcaba señaló que Rajoy siempre pide austeridad y, sin embargo, son las autonomías gobernadas por el PP «las que más han gastado en los últimos meses». De esta forma, recomendó al PP que «predique con el ejemplo si quiere ser creíble» y le invitó a pedir una auditoría al Gobierno de Francisco Camps en Valencia.
Por su parte, el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, contestó ayer a las «gravísimas» acusaciones del PP sobre destrucción de documentos oficiales. «Las Administraciones tenemos el deber de custodia de los documentos oficiales, que no son propiedad del consejero, ni del jefe de servicio, el delegado o el director general: son de los administrados y hay un deber de custodia que es sagrado. Lo que dicen es una falsedad más de las que está diciendo el PP en estos días. Yo ya le he dicho al señor Tirado que es falso, que no se ha destruido ni un solo documento, ni un solo expediente oficial. Lo que nos estamos llevando —añadió— son documentos personales, como mis intervenciones en las Cortes, mis discursos, notas sobre diversos temas, fotos, cartas: eso es lo que cada cual se está llevando o destruyendo... documentación personal». «¿Cómo se van a destruir documentos ya registrados?, se preguntó. «¿No se da cuenta el PP de que eso es imposible? Sería tan torpe y tan estúpido que quedaría un rastro perfecto para que me pudieran llevar a los tribunales», dijo Moreno a ABC, quien añadió: «los funcionarios podrán cobrar sus nóminas hasta el 31 de diciembre».
Para esta mañana está prevista una reunión informal de todos los consejeros de la Junta para abordar de qué forma se responde a las acusaciones del PP. A esta reunión no asistirá Barreda, quien sí lo hará mañana en el Consejo de Gobierno semanal. Moreno dejó claro que, «por supuesto», harán el traspaso de poderes con el PP «de consejero a consejero», y matizó que lo que el PSOE ha suspendido son las «reuniones preparatorias» del relevo «solicitadas por el PP y que nosotros aceptamos de buena fe y por indicación expresa de Barreda».
Fuente.
Castilla-La Mancha tiene cinco grandes hospitales, uno por cada capital de provincia, a los que se unen el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y los de Talavera, Almansa, Puertollano, Villarrobledo, Tomelloso y Alcázar de San Juan; doce en total. Haciendo una estimación en el conjunto de centros hospitalarios y estableciendo en 40 millones aproximadamente la media de la deuda correspondiente a cada uno, la factura total superaría los 480 millones de euros. Ello, sin contar con lo que se debe en Atención Primaria, Bienestar Social, Obras Públicas...
Ayer, la consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, reconocía una deuda a proveedores de 700 millones de euros y un déficit de 640 millones de euros al cierre del mes de abril pasado. Sin embargo, las fuentes consultadas argumentan que lo dicho por Araújo no se ajusta a la realidad, ya que la titular de Economía del Gobierno de José María Barreda ofrece cifras correspondientes exclusivamente a facturas computadas, «pero existen miles y miles de ellas sin computar» en la Administración regional.
Por ejemplo, hay una clínica privada con la que el Servicio de Salud regional (Sescam) concierta la gestión de la lista de espera que genera la Ley de Garantías, y a la que la Administración regional debe un millón de euros desde hace más de un año. En este caso, tan solo están computadas las facturas desde enero a abril de 2010, unos 250.000 euros; el resto, hasta hoy, es débito reconocido sin computar en Tesorería. Como viene manteniendo el PP en los últimos días, si la consejera reconoce la existencia de una cuarta parte de la deuda real, los cálculos globales apuntan a un total superior a los 2.000 millones, cifra estimada por el secretario regional del PP, Vicente Tirado. Sus polémicas declaraciones de días atrás han dado paso a una auténtica guerra de cifras en la que ayer terció el vicepresidente primero del Gobierno y candidato a las primarias del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien afirmó que María Dolores de Cospedal intenta «justificar» los recortes sociales que va a realizar a base de «excusas».
Rubalcaba, contra el PP
«Si quieren recortar que lo digan claramente», señaló Rubalcaba, para quien esta estrategia no es exclusiva del PP de Castilla-La Mancha, sino que puede aplicarse al partido a nivel nacional, empezando por Mariano Rajoy. Rubalcaba señaló que Rajoy siempre pide austeridad y, sin embargo, son las autonomías gobernadas por el PP «las que más han gastado en los últimos meses». De esta forma, recomendó al PP que «predique con el ejemplo si quiere ser creíble» y le invitó a pedir una auditoría al Gobierno de Francisco Camps en Valencia.
Por su parte, el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, contestó ayer a las «gravísimas» acusaciones del PP sobre destrucción de documentos oficiales. «Las Administraciones tenemos el deber de custodia de los documentos oficiales, que no son propiedad del consejero, ni del jefe de servicio, el delegado o el director general: son de los administrados y hay un deber de custodia que es sagrado. Lo que dicen es una falsedad más de las que está diciendo el PP en estos días. Yo ya le he dicho al señor Tirado que es falso, que no se ha destruido ni un solo documento, ni un solo expediente oficial. Lo que nos estamos llevando —añadió— son documentos personales, como mis intervenciones en las Cortes, mis discursos, notas sobre diversos temas, fotos, cartas: eso es lo que cada cual se está llevando o destruyendo... documentación personal». «¿Cómo se van a destruir documentos ya registrados?, se preguntó. «¿No se da cuenta el PP de que eso es imposible? Sería tan torpe y tan estúpido que quedaría un rastro perfecto para que me pudieran llevar a los tribunales», dijo Moreno a ABC, quien añadió: «los funcionarios podrán cobrar sus nóminas hasta el 31 de diciembre».
Para esta mañana está prevista una reunión informal de todos los consejeros de la Junta para abordar de qué forma se responde a las acusaciones del PP. A esta reunión no asistirá Barreda, quien sí lo hará mañana en el Consejo de Gobierno semanal. Moreno dejó claro que, «por supuesto», harán el traspaso de poderes con el PP «de consejero a consejero», y matizó que lo que el PSOE ha suspendido son las «reuniones preparatorias» del relevo «solicitadas por el PP y que nosotros aceptamos de buena fe y por indicación expresa de Barreda».
